Fiduciaria Reservas efectuó un seminario educativo sobre el Fideicomiso Público, dirigido al personal de la Contraloría General de la República Dominicana.

El anuncio fue realizado por el Presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro, designado como tal en el Decreto 201-22 y ratificado en el Decreto que creó el Fideicomiso, y por el Presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

Más de 60 colaboradores de la institución participaron en esta capacitación, que destacó la importancia y operatividad de los Fideicomisos Públicos en el contexto nacional, en base a la Ley 28-23, una legislación que coloca al país a la vanguardia de este tema en América Latina.

El director de Proyectos Públicos de Fiduciaria Reservas, Shyam Fernández, y el director de Negocios de la filial, Noel Bou Vásquez, impartieron la formación.

La actividad, además, contó con la presencia del contralor de la República, Félix Santana García, quien elogió los esfuerzos del Gobierno por implementar de manera transparente e inclusiva los beneficios del fideicomiso en la nación; y Rubén Darío Estrella, director de Revisión y Control de Calidad de la entidad.

PDurante la capacitación, se abordaron diversos aspectos relacionados con el Fideicomiso Público, incluyendo su marco legal, funcionamiento, beneficios, experiencias tanto a nivel nacional como internacional y otros temas relevantes para el correcto entendimiento y aplicación de esta figura.

Los participantes dieron una retroalimentación positiva sobre la formación, destacando la interactividad con el público, la realización de preguntas, la presentación de escenarios prácticos y la entrega de certificados.

Esta experiencia enriquecedora sienta las bases para futuras iniciativas similares en otras entidades gubernamentales y fideicomisos públicos, como parte del compromiso continuo de Fiduciaria Reservas con el desarrollo profesional en el sector financiero y administrativo del país.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrán lugar del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Este importante evento es realizado en la República Dominicana a través de un Fideicomiso Público, el cual fue creado bajo el Decreto 450-22, con el objeto de administrar los recursos para ejecutar las actividades vinculadas con la planificación y celebración del evento, sirviendo como el vehículo de apoyo ideal en el fomento e incentivo a la práctica de actividades atléticas y recreativas.

El anuncio fue realizado por el Presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro, designado como tal en el Decreto 201-22 y ratificado en el Decreto que creó el Fideicomiso, y por el Presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

Este evento contará con 30 deportes y unas 60 disciplinas, esperando llevar a cabo 413 eventos, aspirando a que muchos de ellos sean clasificatorios para los Juegos Panamericanos de 2027, recibiendo para esta edición a más de 6,000 atletas de los diferentes países de Centroamérica y El Caribe, estimando el flujo de una cifra cercana a los 100 mil visitantes al país con motivo del evento.

Pero, ¿Por qué un Fideicomiso para llevar a cabo la ejecución de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Aparte de ser el vehículo jurídico y financiero ideal para la colaboración entre el Sector Público y el Privado, el Fideicomiso Público ofrece una gestión especializada desde los preparativos, celebración y culminación de los Juegos, contando con una contabilidad detallada de los gastos que conlleva realizar este tipo de eventos en el país, ademas de la labores de inversión eficaces que se llevan a cabo, en orden de optimizar los recursos disponibles y poder afrontar los Juegos y los contratiempos que puedan surgir. A través de esta figura, el Estado Dominicano incurre en ahorros significativos a largo plazo, ya que destina unos fondos específicos para la ejecución del evento, por medio a una administración especializada que fue creada solo por la duración de los Juegos.

Pero este Fideicomiso Público, ni es una invención del Estado, ni lo es del Sector Privado, es más bien una emulación de las mejores prácticas a nivel internacional, como, por ejemplo:

• ​Fideicomiso de Veracruz 2014, México: Fideicomiso Público el Desarrollo de la Infraestructura y Equipamiento Deportivo en el Estado de Veracruz, para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014, habiendo sido creado por el Estado en 2009 y culminado en 2015, con un presupuesto de 1,110 millones de pesos mexicanos, o su equivalente de 84.6 millones de dólares.

• Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos, México: Fideicomiso Público para la celebración de los Juegos Panamericanos, teniendo a su cargo la supervisión y monitoreo de la correcta ejecución de las obras de infraestructura necesarias para el evento deportivo, habiendo sido creado por el Estado en 2008 y culminado en 2012, con un presupuesto de 642 millones de pesos mexicanos, o su equivalente de 31.8 millones de dólares.

• Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte, Honduras: Fideicomiso Público para promover y fortalecer el deporte a nivel nacional, así como para el mantenimiento, reparación, remodelación y construcción de instalaciones deportivas públicas, habiendo sido creado por el Estado en 2016 y culminado en 2021, con un presupuesto de unos 493 millones de lempiras, o su equivalente de 17.9 millones de dólares.

Las fechas establecidas se anunciaron en consonancia al progreso realizado por el Comité Organizador y el Fideicomiso en los preparativos de los Juegos, tomando en cuenta el calendario de actividades del Comité Olímpico Internacional (COI) y de Panam Sports, anteriormente conocida como ODEPA.

Cabe resaltar que el evento se reviste de una gran importancia, en especial, al contribuir con el centenario de la fundación de Centro Caribe Sports, anteriormente denominada Organización Deportiva Centroamericana del Caribe (ODECABE), por ser la 3ra ocasión en que la República Dominicana es sede, y la primera vez que se llevará a cabo a través de la figura del Fideicomiso. Asimismo, se resalta el apoyo de Centro Caribe Sports por el respaldo brindado en el acompañamiento de todas las etapas, hasta la conclusión del Fideicomiso Público de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante el acontecimiento se destacó el apoyo entusiasta brindado por el Presidente de la República, Luis Abinader, para la realización de los Juegos, instando al cumplimiento del calendario diseñado por el Fideicomiso y el Comité Organizador.

Será un hecho, que no solo contribuirá al desarrollo de los atletas dominicanos, sino que también sentará las bases para la creación de una política pública de turismo deportivo en la República Dominicana, la integración de la dirigencia deportiva nacional y demostrar la efectividad que tiene la figura del Fideicomiso para fomentar la cooperación Público-Privada ante cualquier tema de interés y progreso para el país

El acceso al crédito en la República Dominicana sigue siendo una de las principales barreras para el desarrollo y la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Muchos de los obstáculos que limitan su acceso están vinculados a la falta histórica de garantías reales que puedan presentar ante el sistema financiero formal.

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No obstante, el actual Reglamento de Evaluación de Activos (REA), la normativa principal utilizada por la banca para conceder financiamientos, desde el 2017 ha introducido una nueva categoría de fideicomiso en la República Dominicana: el Fideicomiso de Fuente de Pago. Este fideicomiso se define en el REA como: “aquel que se constituye mediante la transferencia al patrimonio fideicomitido de un flujo futuro de recursos que asegure el ingreso de efectivo en forma periódica al fideicomiso, con los cuales se harán las reservas necesarias para atender el pago de las obligaciones financieras al acreedor, al que le han sido cedidos todos los derechos y han sido designados beneficiarios del Fideicomiso"

El Fideicomiso de Fuente de Pago abre la puerta para que un conjunto de empresas pueda utilizar los flujos generados por sus ventas como garantía admisible en el sistema financiero. Esto les permitiría acceder a financiamientos para impulsar el crecimiento de sus negocios.

Para comprender mejor la magnitud de esta transformación, consideremos algunos ejemplos concretos: un modesto restaurante ahora puede obtener garantías al ceder los flujos de ingresos provenientes de pagos con tarjetas de débito o crédito; una pequeña clínica puede respaldarse en los flujos financieros derivados de contratos con aseguradoras de salud (ARS) por los servicios prestados o un exportador mediano de cacao podría utilizar su contrato con un comprador internacional como garantía.

En resumen, cualquier flujo de ingresos futuro respaldado por contratos, siempre y cuando sean estimables, ciertos y constantes, se convierte en una nueva y viable alternativa para asegurar operaciones de crédito de pequeños y medianos empresarios, esos que persistentemente luchan por impulsar el desarrollo de sus negocios.

Atendiendo a esta oportunidad, se crea el producto “Creciendo en Reservas” en la Fiduciaria Reservas, una iniciativa que busca ampliar el alcance del Fideicomiso de Fuente de Pago en el país, haciendo las mejoras necesarias a nivel de automatizaciones tecnológicas y reducción de costos del fideicomiso, para que sea mucho más asequible en las operaciones de crédito de grandes, medianas y pequeñas empresas. Nuestro fin es que los negocios puedan crecer con sus propias reservas, con su capacidad para generar flujos, apoyados en la sinergia de un grupo financiero que apuesta al potencial emprendedor de todos los dominicanos.​

La provincia Santo Domingo cuenta ya con una propuesta de Fideicomiso Público, la SD2050, un instrumento que protegerá el patrimonio público existente alrededor de la avenida Circunvalación de Santo Domingo y que dará a la demarcación la importancia que tiene en materia de inversión y de impulso de las actividades de manufactura y de logística, entre otras.

Eso irá acompañado de un programa de viviendas y servicios públicos de calidad, de tal manera que las actividades alrededor de ese eje (de la circunvalación) cuenten con una adecuada planificación y un ordenamiento y que no se generen las historias negativas que se han dado en otros polos de desarrollo del país, en donde se ha visto una expansión notable de la actividad económica, pero no siempre acompañada de planificación y de despliegues de servicios públicos.

La presentación fue hecha a la prensa ayer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a cargo de Pável Isa Contreras; la Fiduciaria Reservas, cuyo gerente general es Andrés Van Der Horst Álvarez, y el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras.

El fideicomiso tiene el objetivo de administrar los bienes y derechos provenientes del Fondo de Fomento al Ordenamiento Territorial, Planificación y Desarrollo Sostenible de la Provincia Santo Domingo, para servir como vehículo jurídico y financiero para la gestión y garantía de impulso de la productividad y el desarrollo sostenible de esa jurisdicción, a través de iniciativas en infraestructuras y proyectos de integración social y económica. Así se explicó ayer.

La duración de ese fideicomiso SD2050 será de 30 años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato constitutivo.

El ministro resaltó que la provincia Santo Domingo (que tiene siete municipios y ocho distritos municipales) es la más poblada del país y tiene un potencial económico impresionante. Aporta al producto interno bruto un 42.2 % y forma parte del mercado más importante del país. Tiene vida económica propia y activismo, distinto al pasado, cuando su economía se percibía como periférica.

Pável Isa explicó que por sus características, la provincia Santo Domingo tiene que ser sujeto de atención, incluso por el hecho de que conecta los dos puertos más importantes de República Dominicana -como son Haina y Caucedo-, además de su elevado nivel de conectividad aérea y su infraestructura vial envidiable. Adicionalmente, tiene zonas rurales y espacios que ameritan ser conservados como patrimonio natural. Es una provincia compleja y el desafío para ordenar el desarrollo es muy grande.

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) está a cargo del acompañamiento para la elaboración del Plan Provincial de Desarrollo, tal como está acompañando a otras provincias de la República Dominicana.

La iniciativa SD2050 incluye el proyecto de la Circunvalación de Santo Domingo como eje articulador de la provincia y del territorio de la región metropolitana, a la cual pertenece la provincia Santo Domingo.

No se trata de privatizar nada

El Fideicomiso Público de Santo Domingo procura ser un instrumento jurídico-institucional que apoye la participación activa del Gobierno en el desarrollo de esa zona. El senador Antonio Taveras (Partido Revolucionario Moderno) advirtió que organizar un país que está acostumbrado al desorden es difícil.

Dijo que aquí se acostumbra ver el desarrollo a partir de los ciclos electorales. “En un país pobre, como el nuestro, si no creamos las herramientas necesarias a partir de las inversiones públicas y las políticas públicas, y a partir de que el sector privado juegue su papel en el desarrollo… si no logramos eso, le estaremos dando la vuelta a los mismos problemas permanentes que hemos tenido”, apuntó el legislador en el encuentro.

El Fideicomiso Público SD2050 será una garantía para que activos identificados de la citada provincia no se vayan a perder, lo que representa un gran beneficio para el país, puesto que se viene a cambiar lo que se hacía antes con propiedades registradas a nombre del Estado.

Además, la iniciativa será una oportunidad para afianzar alianzas público-privadas y público-públicas, lo que facilitará que diferentes instancias del Estado generen una colaboración permanente en torno a un proyecto de desarrollo común. Las explicaciones ofrecidas indican que el proyecto apunta a lograr el buen empleo y a que cada uno de los municipios de la provincia Santo Domingo toque una parte de los beneficios que traerá SD2050. Se crearán condiciones para que se instalen empresas.

“Es importante dejar claro que hemos hablado de fideicomiso público. Aquí nada se va a privatizar, nada se va a regalar… Aquí hay nueve políticas de inversión en este proyecto. Ya hay más de sesenta, setenta, ochenta empresas que me han llamado, tanto nacionales como extranjeras, con posibilidades de instalarse allí. Será próximamente, cuando les demos todas las certezas jurídicas a los terrenos, ya la Oficina Técnica avance en los trabajos”, expuso el senador Taveras.

Se tiene un instrumento y es bueno aprovecharlo

El gerente de Fiduciaria Reservas, Andrés Van Der Horst, resaltó que el país cuenta con una Ley de Fideicomiso Público, que posee previsiones desde el punto de vista de transparencia y fortalecimiento institucional. “Cuando comencemos a ver este fideicomiso (el de Santo Domingo), la verdad es que se reivindica por sí mismo”, planteó.

El Fideicomiso SD2050 será administrado por la Fiduciaria Reservas, por ser público. Recibirá los aportes que del Estado se transfieran, vía el Presupuesto Nacional por el Fondo de Ordenamiento Territorial y recibirá las transferencias de los títulos de los terrenos que son del Estado o que serán apropiados. Dentro del Fideicomiso habrá una unidad ejecutora. 

La República Dominicana, al igual que muchos otros países en Latinoamérica, está expuesta a una amplia variedad de desastres naturales, incluyendo huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra y terremotos. Estos eventos suelen tener un impacto devastador en la población y la economía del país.

En ese mismo tenor, el país, a través del tiempo, ha sufrido catástrofes importantes, las cuales aparte de las pérdidas humanas, ha generado huecos económicos. Por ejemplo, el paso del huracán David en 1979, el cual dejó una debacle financiera de unos US$2,195 millones, el huracán George en 1998 por unos US$420 millones, Noel y Olga en 2007 por US$700 millones, o justo el año pasado con el paso del huracán Fiona, que hubo que destinar más de RD$20,000 millones para reparar los daños causados en la zona este y nordeste de nuestro país.

Existe un fondo a disposición de la Presidencia de la República en contra de las calamidades públicas, el cual precisamente, en el 2022, se autorizó incrementar un 0.5% proveniente del Producto Interno Bruto (PIB), para un total del 1.5% del PIB destinados a cubrir los imprevistos que se establecen en el artículo 33 de la Ley No. 423-06.

Siempre que la situación que origina el imprevisto sea calificada como calamidad y/o emergencia pública mediante decreto presidencial, el uso de estos flujos se ajustan a las normas y procedimientos vigentes sobre ejecución del presupuesto, es decir, que lo no ejecutado en el año fiscal de acuerdo con la Ley de Presupuesto, retorna al erario público para ser distribuido en el Presupuesto General del Estado del año siguiente.

Esta limitante ha forzado al Estado a tener que precisar de financiamientos de emergencia en crisis pasadas, adquiridas a un alto costo, caso que hubiese pasado en 2022 con los desastres de Fiona y unos tipos de interés estratosféricos, de no ser por los esfuerzos en conjunto por parte del Gobierno y lo presupuestado en el Fondo, y las autoridades competentes. Pero, pongámonos en el supuesto de que luego de la catástrofe del año pasado, hubiese llegado otro huracán de categoría mayor causando similares estragos y/o mayores; el Estado entonces hubiese tenido que recurrir a prácticas viejas de un financiamiento para emergencia a una tasa muy elevada, además, por la realidad de los tipos de interés en el mundo, debido a los efectos directos e indirectos post-covid e inter-guerra Rusia-Ucrania.

Necesidad de un fideicomiso

Precisamente es este tipo de situaciones que el fideicomiso viene a subsanar, el cual funge como un instrumento financiero que permite la administración de un fondo destinado a un propósito específico. En el caso de este fideicomiso contra catástrofes naturales, el objetivo sería contar con fondos suficientes para financiar la respuesta inmediata ante eventos naturales extremos, incluyendo la evacuación de personas, la atención médica, la asistencia humanitaria, la restauración de infraestructura y la reconstrucción de las comunidades afectadas.

Estos recursos, en una primera instancia, provendrían de lo establecido por ley para el Fondo en contra de las Calamidades Públicas, así como de diversas fuentes, por ejemplo: impuestos específicos, fondos de inversión, donaciones de empresas privadas o del extranjero, entre otros; con el fin de asegurar continuidad año tras año de los recursos que sean administrados por la figura.

Una vez que el fideicomiso cuenta con los recursos necesarios, su gestión sería de manera eficiente y transparente, garantizando que los fondos se utilicen de manera adecuada y expedita en caso de emergencias.

Para ello, se designa un Consejo Técnico que supervise y monitoree el fideicomiso, con representantes de diversas entidades gubernamentales, organizaciones civiles, sector privado y expertos en gestión de emergencias, además de todo el tema de las reporterías, que de por sí la Ley 189-11 y su Reglamento de Aplicación exigían, pero que se fortaleció aún más con la promulgación de la nueva Ley 28-23 de Fideicomisos Públicos, sobre todo en su artículo 16 acerca del Regulador de los Fideicomisos Públicos.

Beneficios del fideicomiso contra catástrofes

El beneficio principal y más importante es una respuesta más rápida ante emergencias, en comparación con la obtención de fondos a través del presupuesto del Gobierno, que puede ser un proceso de larga duración y burocrático, mientras que el fideicomiso, en su buena labor de Gestor de los Fondos, permite el acceso a los recursos necesarios de manera inmediata.

Existen oportunidades de que una proporción de los fondos sean invertidos en instrumentos financieros que generen buenos rendimientos y sean de corto plazo, de acuerdo con la realidad del momento y según se establezca en los lineamientos de operación del fideicomiso, buscando maximizar estos recursos, reduciendo el riesgo de tener que incurrir en endeudamientos en caso de una catástrofe que supere los límites de la imaginación. En este posible escenario de endeudamiento, el fideicomiso funge como un canalizador de tasas blandas, al emitir garantías fiduciarias y garantizar servicio de la deuda ante el acreedor.

Por otra parte, la contratación de una póliza de seguro al país ofrece una oportunidad adicional para fortalecer la protección financiera ante las catástrofes, especialmente en casos de emergencias de gran magnitud que superen los recursos disponibles. El país tendría una mayor protección económica a través de una herramienta que vendría acompañada de un análisis detallado de los riesgos y condiciones del mercado asegurador, el cual está compuesto por varias instituciones como, por ejemplo:

– La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), contando con programas de seguro destinados a Latinoamérica y el Caribe.

– The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF SPC), la cual es una compañía de cartera segregada que ofrece productos de seguros paramétricos contra huracanes, terremotos y lluvias excesivas.

– Banco Mundial, con la Plataforma de Seguros para Riesgos de Desastres Naturales, donde proveen soluciones de seguros ante desastres naturales, condiciones climatológicas y sanitarias.

Por último y no menos importante, el fideicomiso serviría para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante desastres naturales, a través de la inversión en medidas de prevención y mitigación de riesgos, como la construcción de infraestructuras resistentes ante catástrofes, educación y concientización de la población.

Emulemos experiencias internacionales

En términos de casos exitosos en la región, contamos con varias experiencias que nos pueden servir de referencia de cara al futuro:

– Fideicomiso FONDEN: El Fondo de Desastres Naturales en México, el cual es administrado bajo la modalidad fiduciaria público-privado, es ampliamente reconocido por su efectividad en la gestión de emergencias, ya que permite financiar la atención y reconstrucción de daños causados por desastres naturales en el país. Por ejemplo, en 2017 este fideicomiso fue crucial para la respuesta del Gobierno Mexicano ante un terremoto de magnitud 7.1 que afecto el centro del país, logrando destinar de manera inmediata, los recursos necesarios para atención médica, evacuación de personas y reconstrucción de toda la infraestructura afectada, pública y privada.

– Fideicomiso FONDES: El Fondo de Prevención, Atención y Reconstrucción de Desastres Naturales del Perú, administrado bajo modalidad del fideicomiso público, se encarga de la prevención, atención y reconstrucción de daños causados por desastres naturales en el país. Fue la estructura salvaguarda ante los deslizamientos de tierra extremos en 2017 que afectaron a la región de Lima, encargándose de ceder los recursos necesarios y de inmediato ante las atenciones médicas necesarias, evacuación de los ciudadanos y reconstrucción de las comunidades.

– Fideicomiso FNGRD: Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, administrado desde 1989 por un fideicomiso público, financia la prevención, mitigación, atención y recuperación de desastres en el país. Su principal fuente de ingreso se estructura por el recaudo de un impuesto específico, aportes del sector empresarial y transferencias presupuestaria del estado colombiano.

Más que un artículo, he querido mostrar una idea en la que las labores del Estado Dominicano, con el apoyo del sector privado, servirían como un escudo protector para todo el país ante cualquier tipo de catástrofe, a través de la implementación de un fideicomiso que atienda los desastres naturales y las emergencias causadas por estas en la República Dominicana, siendo una estrategia efectiva que fortalecería la gestión y continuidad de los recursos, mejorando la capacidad del Estado de responder de manera rápida y eficiente ante este tipo de eventos, permitiendo reducir los impactos negativos en la población y la economía, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades ante futuros desastres. 

Hace dos años traje el tema a colación sobre la importancia de los bonos verdes a nivel mundial y los diferentes tipos de emisión que existen en estos instrumentos, pero, partiendo de la premisa de que este es un tema cada vez más relevante en los mercados financieros de todo el mundo, y que la República Dominicana no es la excepción, lo ideal es dedicar tiempo en analizar la realidad de estos bonos.

En el pasar de los tiempos se ha ido incrementando el interés por los inversionistas en este tipo de emisión, las cuales tienen el objetivo de financiar proyectos con impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. La República Dominicana podría estar relacionado con proyectos de energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, gestión de residuos, entre otros.

Oportunidades

La emisión de bonos verdes atrae a inversionistas que tienen un enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Esto pretende y puede ampliar la base de clientes e inversionistas disponibles para las empresas e instituciones gubernamentales, lo que puede reducir el costo del financiamiento.

Con este tipo de oferta pública, se requiere un mayor nivel de transparencia y una mejor y más detallada rendición de cuentas en lo que respecta a los proyectos financiados y su impacto ambiental, ayudando a las empresas y al Estado a mejorar su gestión ambiental y aumentar la confianza de los inversionistas y consumidores.

Retos

Este tipo de oferta pública de valores puede llegar a ser costosa en términos de tiempo y recursos. El Estado y el sector empresarial deben de asegurarse de que cumplen con los estándares de bonos verdes de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y por los que tiene establecido la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), lo que puede requerir la contratación de asesores especializados en la materia y la realización de auditorías independientes.

Existe también un riesgo en el que las empresas e instituciones gubernamentales puedan utilizar la emisión de bonos verdes como una estrategia de marketing para mejorar su imagen y no para financiar proyectos sostenibles, mejor conocido como “Greenwashing” (termino común en inglés). Esto podría socavar la confianza de los inversionistas y reducir la demanda por este tipo de instrumentos.

Instrumento utilizado en el marco internacional

Aunque no hay una cifra exacta de cuántas emisiones de bonos verdes existen en el mundo, debido a que este tipo de oferta pública se realiza constantemente y cada vez más son utilizas por grandes multinacionales, de acuerdo con datos del Climate Bonds Initiative (Asociación Internacional de Mercados de Capitales), que es la organización internacional que trabaja la promoción de este tipo de instrumento financiero, se han emitido más de US$500,000 millones en bonos verdes y sostenibles al año 2020, de las cuales podemos mencionar las más grandes:

• Apple en 2016, por un valor de US$1,500 millones, destinado a financiar proyectos de energías renovables y eficiencia energética.

• Amazon en 2020, por un valor de US$10,000 millones, siendo el mayor bono verde emitido por una empresa en la historia.

• Enel en 2019, por un valor de €1,500 millones, destinado a financiar proyectos de energía renovable y de transmisión de energía eléctrica.

• La República de Francia en 2017, por un valor de €7,000 millones, siendo el mayor bono verde emitido por un gobierno.

Esto muestra cómo las empresas y los gobiernos adoptan las emisiones de bonos verdes y/o sostenibles como una herramienta para financiar proyectos de esta índole y fomentar la inversión en la transición hacia una economía baja en carbono.

Regulación y ventajas fiscales

Como parte de la regulación de las emisiones de bonos verdes en el país, encontramos que su marco legal está compuesto por la Ley de Mercado de Valores No. 249-17 y la Ley de Fomento de Energías Renovables y Regímenes Especiales No. 57-07.

Además, el Estado dominicano ha adoptado una serie de políticas y medidas para fomentar la inversión en proyectos sostenibles. Por ejemplo, en 2019, el Banco Central (BCRD) emitió una resolución que establece incentivos fiscales para las emisiones de bonos verdes. Estos beneficios incluyen la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los intereses pagados por los bonos verdes emitidos por empresas e instituciones gubernamentales.

Aparte, hay todo un programa de incentivos para el sector de energías renovables que incluye una exención de Impuestos Sobre la Importación de Equipos y Materiales para proyectos de energía renovable y la posibilidad de solicitar financiamiento con tasas de interés preferenciales.

Herramienta de oferta pública con espacio de crecimiento en el país

Partiendo de que en el mundo hay más de US$500,000 millones en emisiones de bonos verdes, la única emisión que se ha llevado a cabo en República Dominicana hasta el momento es de renta fija, es decir, el emisor acuerda pagar una tasa de interés fija a los inversionistas durante la vida del bono y, a su vencimiento, el emisor devuelve el capital invertido, destacando que, aunque los bonos verdes son de renta fija, el impacto social y ambiental positivo que generan los proyectos sostenibles financiados por estos bonos pueden ser un factor importante en la decisión de inversión por parte de los inversionistas, además de la rentabilidad que ofrecen.

​Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I, de la Fiduciaria Popular en 2016, por un valor de US$100 millones hasta el año 2036, teniendo como principal activo subyacente los derechos económicos de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. Incluye a aquellos que forman parte del acuerdo de venta de energía suscrito con la CDEEE, cuyo objeto es la venta de la energía generada por ese parque.

Esta es la primera oferta pública de valores en el país de este tipo y que cumple con los estándares establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, con una calificación de riesgo A por Feller Rate Dominicana. Recién se acabó de aprobar su segunda emisión de oferta pública en bonos verdes por un monto de hasta RD$2,500 millones.

Del mismo modo, existen empresas públicas, privadas y fideicomisos, que pudieran aprovechar las ventajas de este instrumento financiero, como, por ejemplo:

• Fideicomiso DO Sostenible: Es un fideicomiso público para la gestión integral de residuos sólidos, que busca lograr vertederos con estándares internacionales para la correcta gestión de desechos, como lo son rellenos sanitarios y plantas de valorización. Con la emisión de oferta pública en bonos verdes, el fideicomiso promovería la inversión en proyectos sostenibles en todo el país, fomentando la cultura de la responsabilidad social empresarial y el compromiso con la sostenibilidad ambiental. Tendría un efecto multiplicador, impulsando y fortaleciendo la economía verde.

• Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD): Siendo el responsable de la gestión del agua potable y el saneamiento en la ciudad de Santo Domingo y sus municipios aledaños, puede implementar proyectos sostenibles similares a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Haina, realizando la colocación de bonos verdes por medio a la figura del Fideicomiso, para financiar este tipo de iniciativas.

• Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar): Institución encargada de la gestión del medio ambiente marino y costero del país. Ha llevado a cabo proyectos como la restauración de arrecifes de coral en la bahía de Samaná, pudiendo emitir bonos verdes para financiar iniciativas similares.

• Grupo Punta Cana: Uno de los desarrolladores turísticos más grandes en el país, que ha llevado a cabo proyectos sostenibles como la implementación de energía solar en varios de sus resorts, y la conservación de la biodiversidad en sus propiedades.

• Grupo Rica: Grupo empresarial con presencia en varios sectores, incluyendo la agricultura, la energía y las bienes raíces. El grupo ha llevado a cabo iniciativas sostenibles en el pasado, como la producción de energía a partir de biomasa en su planta de cogeneración, y podría emitir bonos verdes para financiar proyectos similares en el futuro.

En conclusión, las emisiones de Bonos Verdes presentan diversas oportunidades para el sector empresarial y las instituciones gubernamentales, siendo una herramienta efectiva para financiar proyectos sostenibles y mejorar la gestión ambiental, que, para garantizar el éxito de una colocación de oferta pública de valores de este tipo, es importante el serio compromiso con la sostenibilidad y que cumplan con los estándares establecidos.

Si bien existen desafíos, el marco regulatorio respalda este tipo de emisión y ofrece beneficios fiscales para los emisores. Y, tomando en cuenta la reciente calificación de riesgo emitida por Standard & Poor’s, que por primera vez en la historia el país pasa de BB- a BB, nos convertimos en un país estable, de excelente manejo en la administración pública, que se refleja en su capacidad de mantener altas tasas de crecimiento económico, fortalecimiento en la planificación fiscal y el manejo de la deuda pública, para el llamado de inversionistas extranjeros que puedan colocar sus recursos para estos fines.​